Ley de la industria eléctrica: Claves para entender el tema y qué esperar en el corto plazo

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Los últimos meses han sido muy agitados para la industria eléctrica en México. El Gobierno Federal ha emprendido numerosas acciones para privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el resto de los participantes del mercado eléctrico y revertir en gran medida la reforma energética de 2013-2014.

La más reciente de estas acciones fue el envío de una iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que rápidamente fue aprobada y promulgada. Sin embargo, de forma casi inmediata, la misma ha sido suspendida provisionalmente. Esto era algo previsible pues contiene elementos que ya habían sido considerados inconstitucionales por diversos tribunales y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al decidir sobre impugnaciones a la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía (la “Política de Confiabilidad”). Por lo tanto, también es muy probable que se otorguen suspensiones definitivas en contra de dicha reforma.

En cuanto a las controversias constitucionales que ya se han anunciado, éstas podrían obtener un resultado diferente que en el caso de la Política de Confiabilidad pues serán resueltas por el pleno de la Suprema Corte y no sólo por una sala. También, debe considerarse que tres de los once ministros han sido nombrados por la actual administración y que al final del año concluye el periodo del ministro Fernando Franco (quien votó en contra de la Política de Confiabilidad) y que para entonces podría haber un nuevo ministro que pudiera inclinarse por no declarar inconstitucional la reforma.

Aun así, a pesar de la presión política que ha iniciado y continuará ejerciéndose sobre el poder judicial, lo más probable es que esta reforma sufra el mismo destino que la Política de Confiabilidad y termine siendo anulada, o al menos se declare la inconstitucionalidad de diversas de sus disposiciones torales. Si esto no fuera el caso, muy probablemente veríamos demandas internacionales contra México presentadas por inversionistas, o incluso por otros países, con base en las disposiciones de protección de inversiones de tratados internacionales, o sanciones comerciales con base en las disposiciones antimonopolios y de empresas estatales de tratados del libre comercio como el T-MEC.

Reforma eléctrica: presentarán pruebas para resolver si se frena o no
En caso de que la reforma sí sea anulada, la actual administración se verá forzada a buscar una reforma constitucional para poder cumplir con sus objetivos en política energética. Esto no se había sido intentado antes, ya que el partido mayoritario no cuenta con la mayoría calificada (tres cuartas partes) requerida para una reforma constitucional, ni con los acuerdos necesarios con los representantes de la oposición, por lo que debían esperar a las elecciones intermedias (que tendrán lugar el próximo 06 de junio de 2021) para, dependiendo del resultado, determinar si podrían llevar a cabo o no tal reforma constitucional.

Tenemos entonces que el futuro, no sólo de la iniciativa, sino de gran parte del marco regulatorio aplicable al sector eléctrico en el corto plazo, dependerá en gran medida del resultado de dichas elecciones. Considerando que los efectos de la política energética que actualmente intenta implementar el gobierno inevitablemente tendrán un impacto considerable en todos los gobernados (en materia de salud, impacto ambiental y presupuestario), resulta esencial elevar la calidad de la discusión pública al respecto. En particular, se debe combatir la desinformación que actualmente se encuentra muy arraigada en el sector, y concentrarse en los elementos verificables de la discusión a efectos de poder exigir que la política energética realmente beneficie a los usuarios, dejando de lado posturas ideológicas sin respaldo que pueden generar daños muy graves para todos.

Vía El Heraldo de México